Caso Zulma Guzmán Castro: análisis jurídico 2025

Análisis jurídico del caso Zulma Guzmán Castro: antecedentes, implicaciones legales, etapas procesales y claves para entender su impacto en el sistema penal colombiano.

Bonett Locarno Pumarejo

12/4/20253 min read

Zulma Guzmán Castro es la mujer identificada por la Fiscalía General de la Nación como la presunta responsable de coordinar el envío de un paquete (unas frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio) que provocó la muerte de dos niñas en Bogotá en abril de 2025. La Fiscalía obtuvo una orden de captura nacional y posteriormente la Interpol emitió circular roja, lo que la convierte en una persona buscada en 195 países con fines de detención.

Cómo aparece implicada en la investigación

La Fiscalía divulgó públicamente que el envío mortal habría sido coordinado a través de un mensajero y una empresa de domicilios. Según el ente acusador:

  • El paquete fue ordenado bajo instrucciones que apuntaban a un “regalo”.

  • Medicina Legal estableció que las menores murieron por intoxicación con talio, un metal altamente tóxico.

  • El rastro del paquete, junto con elementos indiciarios de planeación, permitió identificar a Zulma Guzmán Castro como presunta autora o determinadora.

Tras los hechos, salió de Colombia y viajó a Argentina, Brasil, España y Reino Unido, lo que fortaleció la hipótesis de fuga.

Relación entre Zulma Guzman Castro y Juan de Bedout

En este momento, la relación entre Zulma Guzmán Castro y Juan De Bedout aparece como un elemento de la hipótesis investigativa, no como una prueba definitiva. Puede ser relevante para los investigadores, pero no hay documentación pública que confirme su naturaleza, alcance o implicaciones. Para cualquier análisis serio, lo prudente es esperar a que la Fiscalía presente la acusación formal, con el soporte de pruebas, vínculos y responsabilidades claras. Mientras tanto, cualquier versión que presente esa relación como un hecho consumado es especulativa y prematura.

Por qué delitos podría responder

Según los hechos descritos por la Fiscalía encajan, en abstracto, en varias figuras del Código Penal colombiano:

  1. Homicidio agravado
    Muerte de menores de edad.
    Presunto uso de un medio insidioso (veneno) y posible motivación abyecta o fútil.

  2. Tentativa de homicidio
    En la medida en que, además de las víctimas fatales, se habla de otras menores y un adulto que habrían resultado intoxicados pero sobrevivieron.

  3. Fabricación, tráfico o porte de sustancias nocivas para la salud
    El talio es un metal pesado cuya manipulación está altamente regulada. Su uso para fines distintos a la investigación científica o industrial podría encuadrarse en figuras de peligro común.

En un eventual escrito de acusación, la Fiscalía debería precisar los tipos penales imputados, las circunstancias de agravación y la forma de participación atribuida (autora, coautora, determinadora, etc.).

La prueba: el corazón del proceso penal

Hasta ahora, lo que se conoce es la versión institucional: necropsias, rastreo del paquete enviado y análisis de viajes internacionales de la investigada. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, un caso de esta naturaleza exige:

Prueba científica robusta: Determinar la concentración de talio, su origen probable, la compatibilidad entre el veneno hallado y cualquier sustancia incautada.

Trazabilidad del envío: Registro de la empresa de mensajería, pago del envío, cámaras, teléfonos, chats y cualquier instrucción dada al mensajero.
Vínculo con la sospechosa: No basta con que el paquete esté en su nombre, debe demostrarse que intervino de manera relevante en la planeación o ejecución del hecho.

En un eventual juicio, la defensa podría cuestionar la cadena de custodia, la calidad de los peritajes o la fiabilidad de los indicios. La Fiscalía, por su parte, tendría que mostrar que no se trata de simples sospechas sino de un conjunto coherente de pruebas que supere el estándar de “duda razonable”.

Presunción de inocencia y derecho de defensa

En casos con alto impacto mediático, la presión social puede ser intensa. Pero el proceso penal no debería convertirse en un “juicio de la opinión pública”, sino mantenerse dentro de los parámetros de debido proceso.

Bonett Locarno Pumarejo Abogados